Mérida, Venezuela.

Aborto seguro: el derecho a decidir.

Las experiencias en despenalización del aborto en numerosos países y sus consecuentes estadísticas, demuestran que esta medida disminuye vertiginosamente las cifras de mortalidad materna. De igual manera, la legalización del aborto seguro reduce notablemente las cifras de incidencia del mismo. La despenalización en esos países ha ido acompañada de políticas públicas que promueven una adecuada y oportuna educación sexual y reproductiva, además de la garantía estatal de proveer a través de sus sistemas sanitarios la asistencia médica especializada para resguardar la salud y la vida de la mujer. 

Venezuela, junto a Bolivia, ocupa los primeros lugares en las estadísticas de embarazos adolescentes en la región. Amnistía Internacional señala que, desde 2015, los embarazos de adolescentes se han incrementado en un 65% en nuestro país. En la misma medida, las últimas cifras presentadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en 2017, señalan que la mortalidad materna se incrementó en un 66% entre el 2015 y 2016. De esta fecha en adelante el Estado venezolano no ha presentado cifras. Sin embargo, estudios cuantitativos y cualitativos realizados por entes y organizaciones no gubernamentales sugieren que estos números han ido in crescendo. Estos estudios señalan, igualmente, que el acceso a métodos de anticoncepción se ha reducido hasta en un 91,7%. (Equivalencias en Acción, 2019). Estos números, que no reflejan subregistros, develan el ineficiente e insuficiente accionar estatal en este ámbito, además de un marco normativo errático que propicia las prácticas de abortos clandestinos y sus nefastas consecuencias. 

Pese a las múltiples sugerencias por parte de diferentes organizaciones internacionales al Estado venezolano en cuanto a la eliminación de las restricciones legales al aborto, en nuestro país la normativa vigente en esta materia, o Código Penal, mantiene la rígida penalización de esta práctica. Aunque modificada superficialmente en 2005, esta ley solo contempla excepciones en casos en los que la salud de la madre corra riesgos o el “honoris causa” para salvaguardar el honor del marido, dejando de lado a los casos de violaciones, incestos, enfermedades mentales, entre otras variables. La vetusta norma, cuyo contenido se ha mantenido desde 1915, no guarda coherencia con los principios constitucionales de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ni con los múltiples instrumentos legales de avanzada en materia de género en el país.  

De este modo, la ausencia de políticas públicas con perspectiva de género que garanticen una adecuada atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la precarización del sistema sanitario en el país, la ausencia de estadísticas en esta área, la inexistencia de programas educativos en salud sexual  y planificación familiar, además de la prevalencia de un marco normativo que penaliza el aborto, agravan, sin lugar a dudas, un problema de salud pública que contribuye de manera directa con la perpetuación de la pobreza, mayormente femenina, y los innumerables problemas sociales inherentes a ésta en Venezuela.

 

  

 

REFERENCIAS 

Amnistía Internacional, 2018. Informe 2017-2018. La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo. [Archivo PDF]. https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/02/SPANISH-Annual-Report-Amnesty-International-EMBARGOED-22-Feb-2018.pdf

 

Equivalencias en Acción, 2019. Mujeres al Límite 2019. [Archivo PDF] 

https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf